PRESENTE

Durante los últimos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha difundido profusamente un desplegado donde pretende hacer creer a la población que los asuntos relacionados con el rescate bancario iniciado con el tristemente famoso FOBAPROA y los resultantes pasivos a cargo del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), son un caso ya concluido y cerrado para todos los términos legales.

Lo anterior es totalmente falso. Aunque muchas de las consecuencias judiciales que serían de esperarse, ante el mayor desfalco provocado al pueblo mexicano, han sido anuladas con las cuestionables resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quedan algunas medidas aún pendientes, y el responsable de agotar esos procedimientos, en todos los términos legales, es precisamente usted.

El pasado 30 de marzo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados el “Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004”. En dicho Informe se incluye una “Separata” de 351 páginas titulada “Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004”. Las medidas pendientes que le comento, derivan de la información que se incluye en las secciones “7.1 Opiniones de Delito (CNBV)” y “7.2 Denuncias Penales” (pág. 163-169).

La ASF señala que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detectó la comisión de diversas conductas delictivas, “las cuales consistieron principalmente en que los acreditados de los bancos obtuvieron créditos por medio de datos falsos sobre el monto de activos y pasivos de una entidad o persona física o moral y con ello provocaron un quebranto o perjuicio patrimonial para el banco; así mismo, los consejeros, funcionarios y/o empleados de las instituciones de banca múltiple, a sabiendas de que dichas operaciones traerían como consecuencia el quebranto o perjuicio al patrimonio de la institución, autorizaron los créditos”.

Derivado de lo anterior, la CNBV emitió 62 Opiniones de Delito que correspondieron a los siguientes bancos: Banco Unión. 22 Casos; Banco Interestatal, 18 Casos; Banco Confía, 11 Casos; Banpaís, 7 Casos; Banco del Sureste, 2 Casos; Banco de Oriente, 1 Caso; y Banco Capital, 1 Caso.

Como resultado de las citadas Opiniones de Delito, “se iniciaron 65 averiguaciones previas, de las cuales 62 fueron radicadas ante el órgano jurisdiccional competente como causa penal”. Ante la solicitud de información que hizo la ASF al IPAB. respecto al estado procesal que guardan las 62 denuncias señaladas, se comenta lo siguiente:

•  Hay 31 prescripciones de la acción penal debido a la falta de actuación en tiempo y forma de la Procuraduría Fiscal de la Federación, como autoridad competente;

•  Existe 8 sobreseimientos por falta de la ratificación de la querella a cargo de la Procuraduría Fiscal de la Federación;

•  Hay 2 dictámenes de la PGR sobre el no ejercicio de la acción penal debido a falta de elementos para procesar a los indiciados;

•  Existe una abstención de la Procuraduría Fiscal de la Federación en la formulación de su querella;

•  Hay 3 procesos judiciales terminados,

•  Existen 6 Casos enviados a reserva por la PGR debido a falta de elementos para procesar a los indiciados;

•  Hay 3 Casos en trámite;

•  Un Caso está en período de pruebas.

La ASF concluye señalando que “Con motivo de las 31 prescripciones de la acción penal, los 8 sobreseimientos y la abstención en la presentación de la querella; en términos de lo dispuesto en el artículo 37, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública debe conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestando para tal efecto la colaboración que le fuere requerida ”.

Y agrega, “Así también la actuación de los ministerios públicos, de la CNBV, de los interventores gerenciales de los bancos, de los órganos internos de control del Ejecutivo Federal, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Procuraduría General de la República y demás actores, deberán ser evaluados para deslindar las responsabilidades, tanto en la fundamentación y motivación de las diversas denuncias y querellas, como en la responsabilidad de aquellos servidores públicos que dejaron prescribir las acciones correspondientes”.

El suscrito hace suyo, sin ninguna reserva, el reclamo presentado por la ASF. La irresponsable manera como se llevó a cabo el rescate bancario impuso al pueblo mexicano una deuda de enormes proporciones. Ese quebranto no puede quedar impune. Puede ser cierto lo señalado por la Secretaría de Hacienda, en su Comunicado de Prensa del pasado 18 de abril, en el sentido de que ya no puede hacerse nada debido a que los Casos prescribieron, pero el problema que no se ha respondido es quienes los dejaron prescribir y porqué.

Todos los funcionarios involucrados en estos Casos plenamente documentados deben ser investigados. Las responsabilidades deben ser deslindadas, y los responsables sancionados. Eso es lo que señala la ley, y nada menos que eso exigimos. Y el responsable de llevar a cabo y agotar esos procedimientos es precisamente usted.

Por todo lo anterior, le solicito, de manera respetuosa, iniciar de manera inmediata los procedimientos que le exige la ley, recordándole el compromiso de respetar la Constitución y todas las leyes de ella emanadas, cuando aceptó el encargo que desempeña.

ATENTAMENTE

Diputado Alfonso Ramírez Cuellar

Secretario de la Comisión Investigadora del IPAB