La fracción perredista del Senado a través del legislador Ricardo Gerardo Higueras con motivo del día mundial del agua y de la clausura del IV Foro Mundial sobre el vital liquido –el 23 de marzo del 2006- emitió su posición con respecto al manejo del recurso, mediante líneas estratégicas que resumieron en diez puntos, entre los que destaca tres porque se contraponen a la visión que prevaleció en ese evento –privatizaciones e inversiones en el manejo del servicio-. Al agua la destacaron como un problema de soberanía nacional, indicaron que su política debe ser de estado, en ejercicio de su papel rector del desarrollo y la atención prioritaria a las necesidades básicas de los grupos sociales que no han tenido acceso al vital liquido. Y de manera específica acotaron: “Su gestión y administración no debe ser privatizada, bajo ninguna circunstancia”.

Los planteamientos de los legisladores son trascendentes y tienen serias implicaciones porque se contraponen totalmente a una política neoliberal que desde hace años se ha desarrollado en el país y que se ha ido gestando de manera legal mediante cambios efectuados en la Constitución, específicamente en el 27 y el 115, que han propiciado que las leyes secundarias -en este caso- la Nacional del Agua y en cada uno de los estados –en Veracruz la 21- hagan posible las municipalizaciones de los sistemas de agua y sus privatizaciones.

Las reformas que se hicieron en el 115 constitucional más que una medida que permita fortalecer la autonomía de las localidades, tiene un interés específico porque es mediante las sesiones de cabildo que se hacen posibles las privatizaciones y las inversiones del capital privado. Esa política de apertura tiene un desarrollo contradictorio y perverso que deslinda al estado de responsabilidades porque los recursos públicos que se invierten en el agua han ido disminuyendo de manera importante, esto es, del gasto público, solamente se destina el uno por ciento y la mitad de ello es para el Distrito Federal, para el resto del país queda solamente el .5%, cuando es uno de los renglones que debería de ser prioritario.

El manejo del agua propicia poder por las implicaciones sociales que este servicio tiene, a esto se debe agregar que en el mundo hay escasez del vital liquido, lo cual ha generado que las transnacionales vuelvan sus ojos hacia el agua de los países latinoamericanos y otros –subdesarrollados- buscando el tener un control cada vez mayor en lo político y económico. Muchos estados con mantos acuíferos en abundancia podrían librarse de caer en los “tentáculos” del capital extranjero, si en el pasado hubieran administrado con eficiencia los sistemas operativos de agua, sin embargo la corrupción e ineficiencia han estado presente, por tanto, son “un terreno fértil para las inversiones privadas”.

En México los sistemas operativos de agua funcionan de manera monopólica, por tanto deberían de ser autofinanciables, sin necesidad de las privatizaciones, tal vez algunas inversiones privadas pero de manera mínima y en una circunstancia en la cual la regulación del estado fuera total, pero contrario a eso se observa que hay una déficit en gran parte de ellos, circunstancia que se reproduce en Veracruz, lo cual lo coloca en una situación vulnerable.

En la entidad, el 70% de los sistemas operativos de agua se encuentra trabajando con números rojos, debido básicamente a su ineficiencia, a que quienes pagan el agua representan solamente el 60% del número total de los consumidores, aunado a eso en diversas ocasiones han sido “las cajas chicas” usada para campañas y en algunos casos, el beneficio personal de funcionarios.

Los ejemplos de la ineficiencia en los sistemas de agua son múltiples y de esos destacan algunos: El de Coatzacoalcos arrojó una pérdida de quince millones de pesos, el año pasado. En algunas localidades las tarifas solamente alcanzan a cubrir los gastos operativos, trabajando entonces con un gran déficit como es el caso de Catemaco. Mientras que Jalapa en lugar de desarrollar un proyecto lagunar tomando en cuenta las condiciones geográficas de la región se está realizando el acuaférico, obra que representa una inversión costosa que solamente va a resolver el 70% del problema del agua, es decir, no es un proyecto integral de saneamiento –como se menciona en el discurso oficial-.

El acuaférico jalapeño, desde este momento genera prospectivas sobre un futuro endeudamiento, ya que se considera que su funcionamiento va a requerir de seis millones quinientos mil pesos mensuales y la recaudación que se tiene contemplada es solamente de tres millones quinientos y eso solamente subiendo la eficiencia del sistema al 20%. En caso que logren incorporar más clientes, cuando mucho lograrían obtener de los usuarios cuatro millones, por tanto, habría un adeudo de un millón de pesos cada mes.

Los rezagos históricos del estado con respecto a los sistemas de agua, también se encuentran en que el ochenta por ciento de los drenajes circula a cielo abierto. Hay una falta de reglamentación con relación al saneamiento, y en la entidad solamente cuenta con una cobertura del 11%. El Plan Veracruzano contempla asumir la eficiencia del tratamiento de las aguas en el 28% y es uno de los muchos retos que tiene la actual administración.

En este espacio se busca: 1. Presentar el problema que tiene el estado vecino de Puebla por las inversiones privadas en el saneamiento del agua –para como dice un refrán popular “poner las barbas a remojar”. 2. El marco legal que se necesita para que todos los mexicanos tengamos derecho al vital líquido. 3. Una panorámica general de los sistemas operativos en la entidad. 4. Y la situación general de los drenajes veracruzanos.

La información se obtuvo a través de diversas fuentes, sin embargo, la mayoría de los datos fueron proporcionados por dos consultores: José Luis Gabriel Posadas, que participa en un despacho para propiciar servicios diversos a los municipios –en Coatzacoalcos- además es uno de los mejores operadores políticos en la entidad, con los que cuenta el PRD -entendiendo esa actividad desde una perspectiva profesional y especializada-; y el ingeniero Rafael Fentanes Hernández, director general de la Consultora Fénix.
Inversiones privadas en los sistemas de agua

El agua en su dimensión política -en estos momentos- como lo reflejó el evento mundial realizado en el país, es considerada desde dos perspectivas opuestas, como una mercancía y como un derecho humano –ubicación en la que se encuentran los senadores perredistas-. En la Cumbre prevaleció la primera, sin embargo algunos ejemplos desastrosos en el país que no han llegado a las privatizaciones, sino solamente se han quedado en las inversiones de capital privado deberían ser antecedentes a considerar para evitar repetirlos y hacer una prospectiva sobre lo que sucedería si una transnacional estuviera a cargo del suministro del vital líquido.

El estado de Puebla, en la prisa por tener un saneamiento de sus aguas, se obligó con la empresa Degremont –francesa una de las grandes transnacionales del agua-. Es uno de los ensayos -en el país- más fuertes de inversión privada, después de hacer las plantas que resultaron sumamente caras, los poblanos terminaron endrogados con dos mil doscientos millones de pesos. El director de este organismo Luis Ontañon –quien gusta de coquetear con las transnacionales- es el que hizo la empresa Aguas Tratadas de Jalapa...

 Las privatizaciones

En el país, solamente algunos municipios han concesionado el agua a empresas particulares por las repercusiones sociales que esto tiene –señaló Gabriel Posadas- sin embargo al igual que sus compañeros perredistas y otros muchos consideran que el vital líquido es un derecho de todos, por tanto, debe transformarse el marco legal.

 

 

La política privatizadora está presente en otras áreas, como es el caso de la aeronáutica en la cual los aeropuertos ya fueron concesionados; lo mismo sucedió con las marinas, en estás últimas solamente se necesita que un particular quiera establecerse en la orilla del mar y en los ríos, para que desde esa posición haga usufructo. En esa circunstancia se encuentra todo lo que tiene que ver con la distribución del gas, en “El Diario Oficial” de la federación estuvieron saliendo las convocatorias para la red de Hermosillo, las del Pacífico en Sinaloa y hasta Baja California, para surtir gas del Pacífico a Sudamérica, es decir, se han venido otorgando una serie de concesiones a partir de la modificación al 27 constitucional, para el perredista es aquí donde se encuentra el punto nodal y debería quedar como estaba antes, porque de esa manera se hacía posible que solamente el estado regulara el manejo del agua, así dejaría de ser susceptible de ser privatizado.

La presencia de capital privado es beneficioso, en algunas áreas como en las marinas en Cosoleacaque. Comentó que en Estero del Pantano, hay una entre el río Coatzacoalcos y el Calzadas, lo cual ha sido positivo económicamente para el lugar -hay un tránsito continuo de yates-; sin embargo en el caso del vital líquido por ser prioritario para la vida se debe de poner mucho cuidado en los cambios legales que propician la presencia del capital privado, en cualquiera de sus características.

La característica de las privatizaciones es distinta a las inversiones de capital privado, sin embargo las repercusiones políticas que tienen en ocasiones las hace semejantes. Ejemplificó que al norte del país en el Mar de Cortés, una empresa de España está empleando tecnología para desalinización del agua del mar y ya procesada la surte a varias poblaciones; sin embargo quien maneja el vital líquido en esas zonas desérticas, tiene el poder absoluto sobre el recurso y algunos aspectos de la vida de las poblaciones; además es una concesión ventajosa para la empresa española porque si bien la tecnología es suya, el 70% del financiamiento lo propició BANOBRAS, en asociación con dos o tres empresas mexicanas, sin embargo la transnacional es la rectora. Es un caso claro de que el gobierno mexicano aun haciendo la inversión mayoritaria no se coloca en una posición privilegiada, ya que deja un porcentaje alto de sus acciones a la transnacional, violentando con esto la Ley de Sociedades Mercantiles, aun cuando el 27 Constitucional permite la presencia de capital extranjero de manera total.

En el caso de los recursos estratégicos, como el agua esas transacciones nos colocan en una situación de supeditación –se está compitiendo con las grandes ligas que tienen el sartén por el mango y va desde recursos hasta los mejores abogados y especialistas del mundo para hacer los contratos a su favor- por ese motivo el problema de la inversión privada para el informante se encuentra por tanto, en las áreas estratégicas, los energéticos, el acero, el petróleo, la electricidad y el agua, los cuales antes eran protegidos por la ley al ser propiedad de la nación, mientras que en estos momentos hasta los ríos pueden ser privatizados.
El marco legal que propicia las privatizaciones

La base del marco legal para propiciar que las aguas sean un derecho de todos los mexicanos, desde la perspectiva de José Luis Gabriel Posada, tienen su sustento en los artículos 115 y 27 de la Constitución Política porque en el primero a través de la autonomía de los municipios se propicia las privatizaciones a través del cabildo; mientras que en el segundo se establece que los mantos acuíferos, la plataforma continental y todo lo que hay en el subsuelo pertenece a la nación, pero el mismo por una transformación llevada a cabo por Carlos Salinas de Gortari, se enuncia que: “El estado mexicano podrá trasladar a los particulares el usufructo, de estos bienes nacionales” y eso ha permitido que el gobierno haga posible las concesiones en varias áreas, por eso pretender modificar las leyes secundarias sería un error, se tiene que empezar con la Carta Magna y a partir de ella hacerlo con las demás, eso debe estar aunado con una política de carácter social. Además consideró que lo que debe normarse son las aguas subterráneas que son las que en su mayoría ocupan las empresas transnacionales, como la Coca- Cola y al no estar reglamentado no se hace una medición del consumo que hacen, lo cual les permite con muy bajos costos hacer usufructo de nuestro recurso.

Los sistemas operativos de agua y sus números rojos

Las inversiones privadas en el manejo y distribución del agua no serían necesarias si los sistemas operativos funcionaran con eficiencia, sin embargo la situación en la que se encuentran de manera sintética, fue expresada por Rafael Fentanes de la manera siguiente: “Cómo puede ser que una empresa que vende un producto básico de manera monopólica, sea deficitaria.”

 

Los cambios legales, que hicieron posible las municipalizaciones de los sistemas y sus posibles privatizaciones, generaron que los sistemas operativos en la entidad no tengan una regulación homogénea –eso genera contradicciones entre los diversos ámbitos- así tenemos que veinte organismos son paramunicipales, cuatro están en proceso de transito para obtener su municipalización – Alvarado, Banderilla, Tempoal, Córdoba-, Coatzacoalcos señala que va a empezar sus tramites; treinta y dos son descentralizados del estado. Ciento veintiséis son rurales. Y hay treinta y cinco oficinas operadoras.

Los sistemas en su mayoría trabajan con números rojos, explicó que han estado descuidados en términos de organización, sus niveles de eficiencia son bajos, el orden del pago promedio es del 60%, no se hacen una medición eficiente para que la gente propicie un pago justo, la infraestructura es obsoleta, en las redes se pierden más del 40% producido; y en promedio se cobra el 30% contra la producción, por tanto, se debería de pugnar por una eficiencia administrativa y por hacer algunas inversiones que serían autofinanciables, debido a que si se reparan las fugas eso será recuperable porque se va a poder producir menos agua ahorrando energía y cloro.

El aumento de las tarifas –como sucedió en Jalapa- para el ingeniero es solamente un paliativo que no soluciona en nada el problema de los sistemas operativos, más bien se vuelve una injusticia que afecta a quienes han estado pagando y los que no siguen estando exentos. Esa arbitrariedad desde su perspectiva fue posible a través de un impresionante manejo de medios –los cuales desde su óptica están subordinados al poder estatal-; también por mensajes en los que prevalecen comparaciones sin sentido, como la que señala que el litro de Coca-Cola tiene un costo, en oposición con el del vital líquido. Destacó que habría que investigar porque tal vez se está violando alguna ley al subir de un momento a otro un porcentaje tan elevado, en la tarifa del agua, para él la sociedad jalapeña cayó en una trampa, ya que solamente hubo como oposición a la medida dos manifestaciones bien estructuradas.

Las descentralizaciones en los sistemas -para el informante- han generado algunas dificultades en la operación porque antes eran considerados como un todo y eso hacia posible una articulación entre los distintos sistemas operativos, que se reflejaba cuando en alguno se presentaba algún problema. Muchas localidades, además carecen de infraestructura suficiente y personal calificado. Y al existir la autonomía de los municipios para manejar sus sistemas de agua, hay una rotación de empleados altísima. Los directores duran el trienio del alcalde y se debe considerar que administrar servicios de agua, es una especialidad, no es algo que se improvise. El encargado de un órgano operador, es un híbrido entre ingeniero y administrador de empresas, formación que se obtiene con el conocimiento, con el trabajo y la experiencia, además el caso de Jalapa a demostrado que quien está a cargo de un sistema de agua debe tener oficio político para conciliar.

En algunos organismos municipales no se respeta la institucionalización del servicio, cada tres años están cambiando del director de agua potable, puede darse el caso de alguien muy bien intencionado, a la mejor un buen arquitecto o ingeniero, sin embargo el aprender lo que se requiere en la administración del agua, le va costar los primeros seis, ocho meses, esto es echar a perder un sistema que se va deteriorando, tanto en la parte técnica como en la administrativa. Un año después logra recuperar el nivel que tenía cuando lo tomó y tiene solamente otro para crecer un poco, esto se repite de manera cíclica, destacó que eso ha sido señalado varias veces por Ricardo Ahued, “hay que enderezar entuertos de la administración pasada”.

Las transferencias -luego de lo señalado por el entrevistado- deberían cuidarse para evitar que se presenten serios problemas, como el que se está generando en Paso del Macho, donde no saben cuanto gastan en su producción de agua porque todo el ingreso se va a la tesorería municipal, propiciando una trasgresión a lo que en teoría busca la descentralización, una mayor autonomía, porque se vuelve una codependencia, en este caso con el ámbito municipal, por tanto se debería considerar el que fuera una paramunicipal pero con personalidad distinta a la administración local porque debería haber un ente regulador que vigile la aplicación de esto, que sería el Consejo Veracruzano del Agua, el cual tampoco está desarrollando su función de manera eficiente.

Los consejos ciudadanos que de manera idónea se considera que son quienes vigilan los sistemas en las localidades, en la mayoría de los casos, no lo están haciendo, en gran medida por los candados legales, cuando son ellos los que representan la garantía de los intereses de la sociedad, pero en la legislación se le confiere la presidencia al alcalde, al síndico otra posición, igual al regidor del ramo, los demás lugares están sujetos a quien los elige, determinación que muchas veces no lo hacen los sectores más representativos de la sociedad, contrario a eso a veces los designa el propio ayuntamiento, entonces se pierde la participación y con eso la posibilidad de que se transparente un poco el desempeño de los sistemas operativos.

Drenajes a cielo abierto y la falta de una legislación en materia de tratamiento de agua

Las redes de drenaje cuentan con una infraestructura muy deficiente, en términos de la recolección se generan aguas combinadas porque se revuelve la pluvial con la que se desecha, por tanto, se tienen que hacer acciones para separarlas. En muchos sistemas ni siquiera se cobra este servicio, existe otra condición muy atípica y hasta cierto punto contradictoria. La mayoría de los organismos son solo de agua y no contemplan la que se desecha y menos el tratamiento.

En general en los municipios es la subdirección de obras publicas la que se encarga de los drenajes, sin ninguna planeación, sin previsión a largo plazo. Es importante que si se hacen transiciones en todos esos servicios, se haga una rectoría para su manejo porque se puede hacer una buena recolección para llevar el agua a un punto donde se empiece a hacer el tratamiento.

El saneamiento no esta regulado, se carece de un estudio sobre las tarifas adecuadas para el tratamiento, lo cual cada día se vuelve más complicado sobre todo en los ámbitos locales, en donde es necesario el determinar los parámetros que se deben cargar a la industria y los comercios para que hagan un pretratamiento y evitar un mayor daño ambiental.

Comentarios finales

El país necesita una política con un carácter social integral que frene el neoliberalismo, sin dejar de considerar las necesidades actuales –tecnológicas y la globalización económica mundial-, en ese sentido, el agua necesaria para la vida de los hombres y las comunidades debería ser un derecho de todos, motivo por el cual debe reformarse la Constitución –considerando adiciones para que pueda haber inversiones privadas en recursos no estratégicos- mientras que en las leyes secundarias propiciar la cogestión ciudadana, la cual en la mayoría de los casos solamente está presente en el discurso político, y la sociedad es quien deberían de ser la que determinen el rumbo que deben tener las políticas públicas, ya que a los usuarios es a quienes les atañe de manera directa.

En la entidad de manera previa a la Cumbre mundial, el gobierno del estado a través del COPLADE, realizó una serie de reuniones previas tratando de definir la política estatal del agua. Analizaron el grado y las responsabilidades de cada una de las entidades y fue el asesor externo del Gobierno, Reyes Heroles, quien definió una serie de conclusiones que apoyaron la propuesta del ejecutivo estatal y concretó el planteamiento que presentaron en el evento.

La política estatal del agua busca: El fortalecimiento de los organismos operadores. Considera el diseñar y apoyar las estrategias de Cuencas, con acciones para proteger el suelo, impulsando la iniciativa de Aguas, Bosques y cuencas (ABC), en la cual se encuentra presente la correlación que existe entre esos tres bienes naturales. Crearon un fideicomiso estatal como un instrumento a través del cual se reconocen los servicios hidrológicos, la captura de carbono y el pago de biodiversidad, medidas escépticas que correlacionaron con la producción del agua con relación a los usos para la industria, los servicios y consumo humano.

El ABC es la columna toral de la política estatal del agua a la par del fortalecimiento de los organismos, es urgente que los hagan eficientes y que funcionen de manera transparente, por eso, es importante que los órganos de vigilancia ciudadana tengan una función real y no de apariencia.

La política estatal del agua, si bien tiene aspectos positivos debe someterse a la consideración ciudadana para evitar lo que en el pasado sucedió con la Comisión del Papaloapan –derroche, dispendio y corrupción- también sería necesario el que sé de prioridad a la posibilidad de aspectos muy micros como el formar pequeñas cuencas con los múltiples escurrimientos de agua que cada instante se pierden, lo que propiciaría el aprovechamiento del recurso, trabajo, reforestación y un beneficio directo –en el manejo sustentable del bosque- para los ciudadanos sobre todo en los ámbitos rurales.

En Veracruz, convergen dos paradojas, es al igual que Tabasco una de las entidades por donde circula más agua, pero debido a la dispersión demográfica -veintidós mil localidades- hay una de las coberturas más bajas en el ámbito estatal del agua, la gran mayoría de las comunidades sobre todo indígenas y rurales no tienen acceso a este servicio, por otro lado el exceso del liquido que se tiene por no contar con infraestructura de saneamiento se encuentra sumamente contaminado. Estas asignaturas pendientes necesitan resolverse para hacer posible en Veracruz que: “El agua sea un derecho de todos”.