Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

Texto presentado en el Seminario de Legisladores del PRD

México, D. F., 7 de agosto del 2012

 

Resulta indispensable realizar cambios a la política petrolera que ha estado vigente en los últimos treinta años, para que contribuya, de ahora en adelante, de manera eficaz, al crecimiento de la economía y para prolongar la vida de las reservas de hidrocarburos lo más posible en el tiempo, tanto para hacer menos difícil la transición de la base energética de nuestro país, que deberá acelerarse lo más posible, como para que el aprovechamiento de estos recursos, mediante su transformación industrial, contribuya cada vez con mayor importancia y de manera más diversificada a nuestro desarrollo.

 

El petróleo y de modo más general los hidrocarburos, constituyen para México recursos de carácter estratégico para la conducción y el estímulo a su crecimiento económico y desarrollo en lo general, como lo son también para otros países, y como son otros recursos como el agua, para Canadá, y el cobre, para Chile.

 

Nuestra Constitución establece la exclusividad de la Nación para llevar a cabo la explotación de los hidrocarburos que constituyen la industria petrolera, esto es, la exploración, la explotación, refinación, transporte, almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación.

 

Esta disposición ha sido fundamental para que la industria del petróleo se haya constituido, por muchos años, en el eje del crecimiento económico y la industrialización, y que haya representado y siga representando una contribución de la mayor importancia a las finanzas públicas del país.

 

En la actualidad México atraviesa por un periodo de lento crecimiento económico, de alta desocupación y escasa generación de empleos, que se prolonga ya por más de tres décadas, y para revertir esta situación, que es demanda general de los mexicanos, debe alentarse en estos años próximos la instrumentación de una política de crecimiento de la economía, que se sostenga en el largo plazo, que tenga entre sus elementos clave la reorientación de la política petrolera, que en las administraciones de este largo periodo de estancamiento se ha convertido en principal aportadora de recursos fiscales a partir de las exportaciones de petróleo crudo, desentendiéndose de manera absoluta de la transformación industrial del propio recurso en el país.

 

Recientemente, desde sectores conservadores, ha vuelto a señalarse que para que el petróleo contribuya de mejor forma al desarrollo del país es necesaria “la privatización” de Pemex, aunque no se precisa que se quiere decir con ello.

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) no es sino el organismo al través del cual el Estado mexicano gestiona la industria petrolera, aprovechando y en su caso transformando mediante procesos industriales recursos naturales que el propio Estado le asigna. Privatizar los activos de Pemex –pozos en producción, refinerías, ductos, equipos de transporte, edificios de oficinas, etc.- sería un paso grave, pero entregar a intereses ajenos a los del Estado los recursos naturales que de manera exclusiva gestiona y transforma Pemex por mandato del Estado, significaría lesionar la seguridad energética de la nación, perder la seguridad de los ingresos que la industria petrolera aporta a las finanzas públicas y dejar que un recurso estratégico se manejara en función de intereses particulares y no de acuerdo al interés público y nacional –condición a la que, por cierto, se debe regresar-.

 

La política petrolera a instrumentarse en el futuro debe tener, entre otros objetivos, prolongar lo más posible la vida de las reservas, satisfaciendo al mismo tiempo las demandas nacionales de hidrocarburos; desarrollar las cadenas productivas de la industria petrolera con el fin de agregar valor a los productos, generar empleos y estimular los desarrollos regionales; y prever con anticipación las medidas a tomar para llevar a cabo la transición energética con los menores costos económicos y sociales posibles, alentando al mismo tiempo la utilización de energías alternativas o no convencionales.

 

Las decisiones relativas a una política petrolera con estos objetivos sólo pueden ser tomadas por el Estado, que debe dar mandato a Petróleos Mexicanos sobre cómo desarrollar las actividades que le tiene encomendadas. Por otro lado, para instrumentar esta política será necesario llevar a cabo cambios tanto en la relación de Petróleos Mexicanos con el Estado como en los mecanismos de gestión del organismo.

 

Debemos transformar a Petróleos Mexicanos en una verdadera empresa del Estado con autonomía presupuestal y de gestión, para lo cual es necesario reformar los artículos 25 y 28 constitucionales.

 

Se requiere asimismo transformar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en un organismo independiente de la Secretaría de Energía, para lograr un mejor control del recurso natural existente en los yacimientos, de manera independiente de Pemex; para lograr mayor eficiencia en el registro y administración de las reservas: auditar su magnitud y supervisar las actividades de exploración y extracción, las tecnologías y procedimientos utilizados para asegurar la sustentabilidad de los yacimientos y evitar prácticas como la quema y venteo extraordinarios de gas natural en la atmósfera.

 

En paralelo, deberá reformarse la Ley de Petróleos Mexicanos para establecer con claridad el mandato del Estado respecto a los lineamientos de operación del organismo (que a partir del mandato debe operar con plena autonomía) en materia de reservas, extracción, transformación de hidrocarburos –refinación, petroquímica y otras producciones de la cadena petrolera-; la obtención con los menores costos posibles de los productos y servicios que se vendan o se presten; los marcos de su organización interna y de sus órganos de gobierno; las responsabilidades en la planeación de sus actividades; los esquemas de administración de sus ingresos, los pagos en su caso de derechos y contribuciones, la coordinación con el sector público y su relación con terceros.

 

Al Senado de la República, por su parte, debiera corresponder, en el ámbito de la Estrategia Nacional de Energía, fijar la política de reposición de reservas, así como las plataformas de extracción y exportación de hidrocarburos, como parte central de la seguridad energética del país y de la sustentabilidad de la explotación de los hidrocarburos.

 

La concesión de autonomía presupuestal y de gestión a Petróleos Mexicanos debe entenderse como la facultad y responsabilidad del organismo para hacerse cargo del manejo de sus ingresos, las inversiones para la expansión de sus actividades y el buen mantenimiento de sus instalaciones, el pago de derechos, impuestos y dividendos, en este caso, a la hacienda pública federal.

 

Petróleos Mexicanos debe funcionar como una entidad integrada y contar con la necesaria flexibilidad para reorganizar en caso dado su estructura corporativo- administrativa y cuidar que la relación de precios internos provea la necesaria rentabilidad de cada insumo producido, de manera que no se constituya, artificialmente, en factor que desestimule o inhiba el desarrollo de otras ramas de la industria del país.

 

Es urgente, en un primer esfuerzo, aumentar la capacidad de refinación de Pemex en el orden de los 600 mil barriles diarios, a fin de mejorar las condiciones

de seguridad energética del país y de disminuir la importación de combustibles, que constituye una seria sangría a las finanzas nacionales. El incremento de la demanda de gasolinas se ha dado en relación directa con el retraso tecnológico de los sistemas de transporte, por lo que es necesario vincular la planeación energética con la de los transportes, a fin de que el aumento de la oferta de combustibles se corresponda con la ampliación y modernización del transporte masivo de personas y mercancías, que será lo único que permita atenuar la demanda de gasolinas en el largo plazo.

 

Existe un alto déficit en el suministro de gas natural en el país, por lo que Pemex debe acelerar la exploración e incorporación de nuevas reservas de este energético. Por otra parte, el país posee una de las más importantes reservas mundiales del llamado shale gas, las que requieren ser debidamente evaluadas para incorporarse como tales al patrimonio evaluado de la nación.

 

En los primeros años del periodo neoliberal se abrieron a la inversión privada tanto la petroquímica como el transporte y almacenamiento de gas natural. Las inversiones no fluyeron a estos sectores, que se han mantenido estancados por más de veinte años, a pesar de ser piezas fundamentales de la infraestructura y de la producción que requiere el país para crecer.

 

En relación al gas natural, es preciso que Petróleos Mexicanos, conjuntamente con las empresas concesionarias, acuerden la ampliación de la red de gasoductos troncales y las redes de distribución secundarias, para mejor aprovechar las oportunidades que se están abriendo con los descubrimientos recientes de nuevas fuentes de gas.

 

La posibilidad de disponer de gas a bajo precio, como se presenta la actual situación mundial, debe ser aprovechada para reactivar e impulsar el desarrollo de la industria petroquímica nacional, que, como se ha señalado, pasa por una larga fase de estancamiento. En este caso, se abren posibilidades muy amplias para inversiones de todo tipo: privadas, tanto nacionales como extranjeras, y de Pemex, por sí o en asociación con otros inversionistas.

 

Al estar desarrollando Pemex sus actividades a partir de un Plan de negocios en un horizonte de cinco años, enmarcado en la Estrategia que se visualiza quince años hacia adelante, y con el fin de lograr los mayores efectos posibles en el desarrollo industrial del país, Pemex debiera generar acuerdos con empresas nacionales sobre programas de inversión y suministro a éstas de insumos de origen petrolero, con objeto de integrar sistemas productivos con vocación exportadora o para el abasto de mercados nacionales, substituyendo, en este caso, importaciones, y exportando productos con mayor valor agregado. Por otro lado, Pemex debiera igualmente generar acuerdos para producir en el país aquellos bienes de capital e insumos que demanda la industria petrolera, desarrollando y fortaleciendo así a un sector que incorpore contenidos nacionales a esta industria, aliente la innovación tecnológica y la formación especializada de recursos humanos.

 

Finalmente, entre los cambios urgentes en la política petrolera debe considerarse la transformación del Fondo de Estabilización Petrolera en una entidad que no esté sujeta a la discrecionalidad de las decisiones de algún funcionario federal, como sucede actualmente, lo que ha hecho que buena parte de los excedentes petroleros, que han representado recursos cuantiosos, se haya destinado por gobiernos estatales y/o municipales a gasto corriente y no invertido en proyectos de largo alcance, que verdaderamente impulsaran el desarrollo estatal o municipal. Este Fondo debe aumentar su límite de acumulación y vincular sus rendimientos, obligadamente, a proyectos de largo plazo en materia educativa, de investigación científico-tecnológica o a grandes obras de infraestructura que tuvieran, entre otros efectos, la creación de empleos.