 Sociedades de Convivencia, un avance en la igualdad de derechosDe nueva cuenta la Ley de Sociedad de Convivencia ha entrado a la Asamblea Legislativa del DF. Y por tercera ocasión el PRD ha manifestado su compromiso de aprobarla, luego de no cumplirlo en las dos legislaturas anteriores. Sin embargo, las condiciones y el contexto actuales en que se presenta esta iniciativa son más favorables: no hay elecciones en puerta que justifiquen regatear el apoyo a esta iniciativa por cálculo político. Para amplios sectores de la sociedad ha quedado claro la justeza de esta ley, que reconocería derechos de sucesión, tutela, alimentación, seguridad social y vivienda a las parejas del mismo o de distinto sexo y a otras formas de convivencia doméstica fuera del matrimonio o del concubinato. La iniciativa busca otorgar certeza jurídica a formas de relación basadas en la ayuda mutua, la solidaridad y la voluntad de permanencia, sin importar el sexo ni la orientación sexual de las personas, y sin que necesariamente exista trato sexual ni parentesco alguno entre ellas.
Desde la oposición conservadora lo que incomoda mayormente de esta ley es la posibilidad del registro legal de las parejas del mismo sexo. Hay quienes arguyen mañosamente que los homosexuales y las lesbianas ya gozan, “como cualquier ciudadano”, de todos los derechos que confiere la legislación mexicana y, por tanto, no hay necesidad de una ley que pretende tutelar derechos que, según ellos, ya están contemplados en otras leyes. Como si fuera moneda corriente el que una mujer pueda inscribir a su mujer en la seguridad social sin impedimento alguno, o el que la familia del hijo fallecido respete su voluntad de heredar sus bienes a su pareja masculina, o que ambos cónyuges del mismo sexo puedan solicitar un crédito para vivienda, etcétera. “Para qué querrían homosexuales y lesbianas regular sus relaciones si son, por naturaleza, infecundas”, gritan histéricas las voces del conservadurismo, ignorando la existencia de numerosas parejas de mujeres que ya están criando por su cuenta a bebés nacidos con la ayuda de las técnicas de reproducción asistida, o del número de matrimonios heterosexuales que son infecundos o que deciden serlo por voluntad propia.
La oposición conservadora trata de restar legitimidad a leyes como la de sociedades de convivencia arguyendo que no responden a necesidades sociales reales, sino que son producto de las presiones de los grupos lésbicos y gays que sólo buscan ganar reconocimiento social a sus modos de vida. Sus argumentos están sesgados por la profunda homofobia que los inspira.
La Ley de Sociedad de Convivencia no representa una amenaza a la institución matrimonial como lo quiere hacer aparecer la derecha en su afán de descalificarla. La presión social que prácticamente imponía al matrimonio como un estado obligatorio de convivencia conyugal ha disminuido, eso es una realidad. Hombres y mujeres se están dando otras formas de convivencia alternativas más acordes con sus aspiraciones y proyectos de vida. Esta ley de convivencia pretende responder a estos nuevos arreglos domésticos que lejos de vulnerar a las familias vendría a fortalecerlas. Y ese es el sentido de esta ley, contribuir a mejorarlas relaciones de convivencia sociales fundadas en el respeto a las diferencias y a la diversidad de modos de vida. Se trata de un paso más en dirección del reconocimiento de derechos y del trato igualitario, no discriminatorio, ante la ley.
* Texto publicado en el Suplemento Letra S el 2 de noviembre 2006 |
