¿Votar o no votar?

Edén Vásquez Feria

(Sociólogo. Estudiante de posgrado en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, UV)

Las elecciones federales en puerta enfrentan una crítica dirigida a la efectividad de la participación electoral desde dos frentes: el abstencionismo y en menor medida del “anulismo”; enfocada en la puesta en duda de la efectividad del voto como medio de participación que a través de la elección política pueda tener incidencia en las condiciones de vida inmediata. Ambos frentes plantean opciones diferentes.

El “anulismo” propone la apertura ciudadana del sistema político mediante las candidaturas ciudadanas. El abstencionismo es más complejo, de entrada porque no existe un proyecto claramente definido, antes bien se presenta como una respuesta de rechazo total a la política partidista. Aunque existen quienes se abstienen de emitir el voto, pero hacen política desde los movimientos sociales.

Pero nos preguntamos: ¿Por qué surgen estos frentes? Basta con explicarlos como expresiones del malestar con la política o bien hay que considerarlos como los sepultureros del modelo político vigente. Por mi parte, argumento que es parte de un proceso de reconfiguración en convivencia con el escaso desarrollo de formas diferentes de hacer política fuera de los partidos que expresan el malestar cultural de la política partidista[1]. Aunque puede parecer ajeno al planteamiento señalado, trataré de desarrollarlo a fin de mostrar que el cuestionamiento de la efectividad del voto se refiere a la ausencia de proyectos hegemónicos que lo impulsen.

Inicialmente, considero que existe una reconfiguración del modelo sociopolítico presente en México. Por tanto, la puesta en duda del voto debe expresarse como el cuestionamiento a una forma particular de participación política y la incapacidad aún de consolidar una forma alterna.

La reconfiguración del voto corporativo. En México nos encontramos ante la reconfiguración del modelo sociopolítico emanado de la posrevolución de 1910-17 y de una forma de participación política que lo conforma: el voto corporativo. Dicha reconfiguración convive con el escaso desarrollo de los requisitos para consolidar la figura del ciudadano y en menor proporción con otras formas de participación política como la Asamblea.

Históricamente, el voto corporativo se ha consolidado desde la posrevolución mexicana y fue base del pacto posrevolucionario que propició la estabilidad político económica del lapso de 1950 a 1970. El régimen del partido hegemónico fue posible al funcionamiento del pacto: el apoyo electoral al PRI implicaba mejorías en las condiciones socio- laborales. El intercambio corporativo configuró estructuras de sentido del voto, es decir, los votantes ejercían el voto hacia determinado partido porque existe un sedimento de significado para hacerlo, que se hacía evidente en las mejoras salariales, en el acceso a la servicios médicos, en prestaciones laborales, etc., y en suma, conformaban los significados palpables de Justicia social, la seguridad social, dando cuerpo al Nacionalismo Revolucionario, que fue la ideología oficial del PRI en ese periodo.

Actualmente, la relación corporativa se encuentra en un proceso de reconfiguración ante la reestructuración económica y el reordenamiento de la política. La contención salarial y la austeridad en el gasto social diluyen el intercambio corporativo al mantener los aumentos salariales bajos en pos de la estabilidad inflacionaria y restringir la inversión del gasto social  para reducir el déficit fiscal.

Por su parte, el reordenamiento político -relacionado con la reestructura económica- plantea el fin del pacto corporativo como requisito para extender ciertos de niveles mínimos a la sociedad en general. Estos niveles mínimos son planteados como derechos sociales básicos, por tanto, es menester que dejen de estar anclados en las relaciones laborales y pasen a formar parte de los derechos ciudadanos. El derecho al acceso a la atención médica, a la vivienda, a la pensión de vejez, quedarían liberados del marco laboral y pasarían al marco de la ciudadanía. Este paso resta al corporativismo de los beneficios a cambio de votos.  

No obstante, lejos de estar agotada, la relación corporativa ha logrado mantenerse. En primera instancia porque la relación corporativa constituyó estructuras culturales que dan sentido al voto. El votar por determinado partido a cambio de ciertos derechos, prestaciones, etc., conformó estructuras de significados de lo útil del voto, de la validez y legitimidad de la relación corporativa. Estas estructuras de significado dotan de sentido al actuar de los sujetos[2], y sobre todo al momento de votar, vuelven legítimo el ejercicio del voto corporativo en referencia a los beneficios inmediatos, concretados en mejoras salariales, prestaciones y accesos a servicios.

Aunque la base material de las estructuras atraviesan por un proceso de transformación que limita la dotación de sentido, no se agota la estructura, antes bien, las condiciones de marginalidad impérante y dada la condición de  mínimo básico, los derechos sociales elementales resultan insuficientes, por lo que hacen posible la reconfiguración del corporativismo. Más aún si se carece de ciertos derechos o los que se tienen se han minado.

El escaso desarrollo del voto ciudadano. Existe, entonces, un desfase entre el desarrollo de la esfera económica, la política y la cultural. Este desfase, hace posible que la participación política en México aún mantenga sedimento en la relación corporativa, toda vez que el entorno jurídico de acceso a derechos sociales sigue imbricado en las relaciones laborales antes que en el estatus de ciudadano[3] y porque la relación corporativa es el referente primordial de sentido para el voto.

El acceso y calidad de la atención médica, seguridad social y derechos como la pensión de vejez se encuentran mediados por el status de trabajador, el acceso y posición en el mercado de trabajo. Por ejemplo, el Seguro Popular busca dotar de atención médica al grueso de la población que por sus condiciones socioeconómicas y laborales no puede acceder al IMSS o ISSSTE, pero desde su planteamiento básico es un programa asistencial antes que promotor de derechos, quedando limitada la exigencia de estándares de calidad.

Paradójicamente, el desempleo y la precarización del mundo laboral, antes que la emergencia de un nuevo pacto entre Estado y Sindicatos, hace posible aún la práctica de la relación corporativa y su reconfiguración.

La figura del ciudadano como portador de derechos universales y como constructor de nuevos derechos tiene escaso desarrollo en México, ya que aún no se perfila al ciudadano “ideal” en términos de derechos y obligaciones. Si bien las reformas estructurales y el giro político han desmontado parte de la estructuras del corporativismo, la noción de ciudadanía no figura como brújula de la neo (o re) estructuración de derechos  y obligaciones sociales. Aún más, si consideramos que gran parte de estos permanecen anclados en las relaciones laborales, como el derecho a la vivienda, a la atención médica, etc; el panorama se complica al reconocer la profunda desigualdad existente en México.

La noción de ciudadanía todavía no se constituye como bandera de lucha de los movimientos sociales, en mayor medida presentan demandas en relación a derechos específicos, como el acceso a la atención médica, repartición y protección de tierras, mejoras salariales, etc., pero hasta ahora no han articulado estas demandas en un macro-proyecto en el que la ciudadanía sea el punto de convergencia. Por ello, el voto ciudadano, ejecutado en referencia a la ciudadanía, antes que a la pertenencia a un grupo, enfrenta un desarrollo embrionario.

Malestar cultural de la política partidista. Desde mi planteamiento, la crítica proveniente de los “analistas” y abstencionistas se dirige a la forma de participación corporativa, como expresión de un malestar cultural respecto a la política. Como opción reformista los “analistas” buscan mayor apertura a la participación ciudadana y la disolución del monopolio de los partidos políticos de la representación política. Se ubican dentro del rango del impulso del voto ciudadano, aunque proponen escasamente reformas legales dirigidas al desmantelamiento del voto corporativo.

Mientras que los abstencionistas se pueden dividir en dos grandes grupos. Uno de ellos, muestra mayor presencia en la arena política por fuera de los partidos políticos, a través de movimientos sociales, organizaciones culturales, asociaciones civiles, impulsores de derechos, etc. El segundo grupo tiene por característica el repliegue al ámbito lúdico, sin mayor participación política que la expresión del rechazo a los partidos políticos. El abstencionismo actual se diferencia del manifestado décadas anteriores, cuando tenía detrás un proyecto político de reforma impulsado principalmente por la izquierda mexicana y protagonizado por mayor número de personas de clase popular. Hoy, el abstencionismo es primordialmente impulsado por la clase media urbana.

“Anulistas” y abstencionistas coinciden en que actualmente la clase política se encuentra distanciada de las necesidades ciudadanas. No obstante, divergen en la solución. Mientras que el grueso de los “anulistas” apuesta por la participación política ciudadana, los abstencionistas se dividen entre la movilización social y la defensa de lo lúdico como espacio autónomo de lo político.

Para nosotros ambos son resultado del malestar cultural respecto de la política, debido a que los significados culturales que dan sentido a la práctica política como el voto, se tornan vacíos resultando en un “sin sentido”. La expresión “para qué votar si todos los políticos son iguales”, refleja la ausencia de una propuesta al malestar con la política en parte porque las estructuras de significado constituidas resultan insuficientes y son objeto de la crítica (corporativismo) y porque las estructuras de significados escasamente delineados como la ciudadanía aún no se presentan como propuesta clara, por lo que la conformación subjetiva del sentido del voto no tiene por base un convencimiento. En términos generales, nos encontramos en medio de un proceso de reconfiguración de las estructuras que dotaban de sentido al voto, específicamente del corporativismo y del escaso desarrollo de estructuras alternas como la noción de ciudadanía.

Como toda acción, el voto y la participación política en general pasa por la subjetividad. A través de esta, el sujeto da sentido a la acción en referencia a ciertos significados que conforman estructuras culturales, vivencias, especificidades personales o significados constituidos desde ámbitos más inmediatos como la familia, el trabajo, el ocio, etc. Si la acción de votar carece de sentido para el sujeto, refiere que el significante del significado no sólo se encuentra en duda, sino que no ha encontrado sustituto que impulse y dote de sentido a la acción.

El sujeto configura el sentido de su voto en torno a ambos procesos incorporando ciertas especificidades, como proyectos personales. Cuando el sujeto evalúa ambos procesos como insuficientes para dotar de sentido al voto, se ponen en juego otras estructuras de significado, que dotan de sentido el “no votar”. Estas estructuras aunque pueden ser compartidas, no resultan aún en grandes proyectos porque no están articuladas a otros ámbitos como la vida cotidiana o el trabajo. Anteponen a estas como opción de refugio, más no las presentan como eje de acciones en torno a lo político.

Dicho de otra forma, hasta ahora, sólo el voto corporativo y potencialmente, el embrionario voto ciudadano, se presentan como articuladores de por lo menos dos ámbitos de la vida de los sujetos: el trabajo y la cotidianidad. Mientras que el abstencionismo postula a uno de ambos ámbitos como franja de repliegue del sujeto ante la ineficiencia del voto y de la política partidista. No obstante, dicha incapacidad de articulación expresa una salida momentánea, derivada del malestar cultural de la política al no poder.

Lo que llamamos malestar cultural de la política partidista se refiere al cuestionamiento de esta como: a) medio de afección efectivo ya sea para cambiar o para continuar determinada situación; b) forma primordial de participación política a través del voto; y c) como punto de intercesión de las demandas sociales e individuales. Es primordialmente un problema cultural porque los grandes referentes, como el corporativismo -como estructura de sentido de la acción-, no pueden ofrecer respuesta a los cuestionamientos, toda vez que se encuentra en proceso de reconfiguración por los efectos de la reestructuración económica y el giro político. En similar situación se encuentra la referencia a la ciudadanía, aún embrionaria, que no se ha constituido como alternativa de sentido a la acción de los sujetos. Ello no implica el cese de las acciones, sino ausencia de referentes consolidados como convencimiento subjetivo.

La acción ejecutándose lleva consigo un convencimiento subjetivo del sentido de su realización. Cabe señalar que convencimiento no implica ausencia de dudas, sino resolución de las mismas mediante la afirmación de la validez de los referentes de la acción. Por mencionar un ejemplo, la pregunta sobre votar o no votar, no es necesariamente una prueba de ausencia de convencimiento sobre la efectividad del voto, en cambio, las formas en que se responda pueden incluir el convencimiento de la efectividad o no del voto, dado que las referencias empleadas para su resolución pueden apuntar o no a la validez del votar, del abstenerse o de anular.

Conclusión. El malestar cultural de la política partidista se refiere a la ausencia de convencimiento subjetivo en torno a grandes significados de la política partidista. En México, el corporativismo había fungido como referencia de sentido al voto, dando lugar al voto corporativo: mejoras perceptibles en el ámbito de lo inmediato a cambio de apoyo electoral. La reestructuración económica y el giro de la política, constriñen el ejercicio del voto corporativo, aunque la permanencia de la desigualdad social y la escasa creación de empleos apuntan hacia su reconfiguración. La noción de ciudadanía como piedra angular del voto ciudadano muestra un mínimo desarrollo en el país, en parte por la limitante que impone el corporativismo y porque no se ha constituido como zona de convergencia de las demandas de derechos y otorgamiento de obligaciones. No obstante, ambas muestran incapacidad de ser un referente de sentido hegemónico, capaz de orientar un proyecto partidista.

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Bibliografía

Bensusán, G. (2010). Ciudadanía, Estado de derecho y reforma laboral en México: repensando el modelo de protección social para el siglo XXI. En A. Arteaga, Trabajo y ciudadanía. Una reflexión necesaria para la sociedad del siglo XXI. México: UAM/Porrua.

Lechner, N. (1997). El malestar con la política y la reconstrucción de los mapas políticos. En R. Wincour, Culturas políticas a fin de siglo México: Juan Pablos /FLACSO

Schutz, A. (1974). Estudios sobre teoría social. Buenos Aires: Amorrortu.